La tormenta entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo -a raíz del divorcio político de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo- está lejos de amainar. Nuevos nubarrones grises se formaron en el horizonte a raíz de la sesión del jueves, en la que se aprobó una batería de herramientas -casi todas por unanimidad- para auxiliar a los sectores más afectados por la pandemia. En el recinto ya habían brotado tensiones por el tratamiento que tuvo el proyecto de titularización del personal sanitario expuesto a covid (lo presentó el jaldista Daniel Deiana, pero no tuvo dictamen de la comisión de Salud que encabeza el dirigente manzurista y gremial Reneé Ramírez). Y la Casa de Gobierno toman con recelo la norma que se aprobó para beneficiar principalmente a gastronómicos respecto al Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA).

El titular de la bancada Justicialista de Todos, Roque Tobías Álvarez, impulsó un proyecto de ley junto a Juan Ruiz Olivares y Raúl Ferrazzano para que se suspendan por 60 días las facultades sancionatorias del IPLA, excepto para actuar en fiestas o eventos prohibidos por la pandemia. El dictamen también contempló iniciativas de los alfaristas Walter Berarducci y Raúl Albarracín, que en 2020 solicitaban que se suspendan los cánones anuales a quienes no trabajaron ese año.

Álvarez explicó en el recinto que en las reuniones que tuvieron en la Cámara con dirigentes de los distintos sectores económicos cuestionaron que las multas son muy onerosas. E, incluso, el legislador adelantó que en la Cámara se formará un equipo de trabajo para modificar o reformular la ley que regula su funcionamiento (N° 7.243). “El IPLA nació (en 1994) como un organismo contra el consumo excesivo de alcohol, una de las drogas más consumidas. Debía recaudar para encarar tareas que contengan a la juventud. Pero con el correr del tiempo el espíritu de la ley se desvirtuó y el IPLA, lamentablemente, pasó a ser un ente recaudador más que un ente que contenga el consumo de alcohol”, expuso.

El bussista Mario Casali también cuestionó el rol que pasó a tomar la institución y cuestionó que siga intervenida. “Pasan a ser procedimientos policiacos en vez de combatir el alcoholismo, y se ha incrementado el consumo de alcohol en Tucumán por la pandemia”, dijo. Agregó que las sanciones pasaron a ser desmedidas y las categorías, inequitativas. Dijo -a modo de ejemplo- que un miniservice de barrio paga el mismo canon que las grandes cadenas de supermercados para poder vender bebidas alcohólicas.

La aprobación de la ley caminó por la cornisa del quórum, ya que estaba ausente el bloque Lealtad Peronista, pero finalmente salió por unanimidad, con 30 legisladores presentes. Resta saber ahora si el Poder Ejecutivo promulgará la norma o si le impondrá algún tipo de veto.

Postura gastronómica

La titular de la Cámara de Actividades Gastronómicas, Constanza Bauque, dijo a LA GACETA que lo aprobado representa un alivio. Señaló que el organismo hoy “es meramente recaudador” y que ya no tiene una función social. Criticó que el canon tiene triple imposición porque lo paga la distribuidora, el almacén y el consumidor.

Sorpresa y sin llamado

El doctor Samuel Semrik es el interventor del IPLA desde noviembre de 2019. En diálogo con LA GACETA PLAY aclaró que el organismo brindó beneficios y facilidades de pagos para los sectores que abonaron el canon en 2020 y no pudieron trabajar con normalidad. Dijo que van a acompañar la decisión si es en beneficio de los contribuyentes, pero remarcó que le llamó la atención la forma en que se hizo. Marcó, por ejemplo, que no fue consultado al respecto. “Entiendo que ha sido algo de urgencia o traído de los pelos, no sé cómo llamarlo. Pero si es beneficioso, bienvenido sea”, expresó.

El ex titular del hospital Néstor Kirchner dijo que espera que la decisión de la Cámara no sea parte de la interna. “Quiero creer que están pensando en la gente y en dar una mano. Desde el IPLA hemos estado acompañando a la gente el año pasado, es lo que nos pide el gobernador”, dijo.

En cuanto a la posibilidad de una modificación de ley, Semrik reconoció que se debe aggiornar la norma. “Tenemos preparada hace tiempo una modificatoria a la ley. Hubiese sido bueno que nos llamen por lo menos para tener nuestra postura”, expresó. Consideró, sin embargo, que la charla se va a dar cuando los parlamentarios quieran trabajar en las modificaciones. “Ya tenemos preparados varios puntos para tratar”, insistió.

Los puntos del conflicto con la institución

- Se aprobó la suspensión de multas y sanciones por 60 días.

- La norma beneficia principalmente a sectores gastronómicos.

- En el recinto se cuestionó el rol que tiene el IPLA.

- Opinaron que no tiene un objetivo social sino recaudador.

- Legisladores acordaron trabajar para modificar la ley 7.243.